Ex Detenidos, Activistas Subrayan Tensiones en Acuerdo con ICE y el Condado de Howard

Una celda en el centro de detención del condado de Howard en Jessup. Foto de Horus Alas

Kevin fue detenido en Landover cuando iba al trabajo por las 6:30 a.m. el junio pasado. Todavía no está seguro por qué fue detenido.

Pedro fue detenido en Greenbelt por no parar en una señal de alto. A Eddy se le explotó una llanta en la Ruta 32 de Maryland, y esperaba la ayuda de policías locales. Miguel fue detenido por exceso de velocidad en Annapolis y acusado de conducir sin licencia.

Para cada uno de estos hombres — cuyos apellidos se retienen debido a preocupaciones de privacidad — los incidentes descritos aquí precedieron su proceso penal en el Centro de Detención del Condado de Howard en Jessup, bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

Dos de ellos son indocumentados, y dos recién obtuvieron un estatus protegido. Pero aun no estan seguros por qué fueron entregados a ICE por lo que describen como infracciones menores — o menos.

ICE ha tenido un contrato con el condado de Howard para encarcelar a ciertos delincuentes en su cárcel por dos docenas de años. Pero activistas de grupos de los derechos de inmigrantes como CASA y la Coalición para Justicia del Inmigrante del Condado de Howard han empezado a hacer preguntas agudas acerca de la durabilidad del arreglo, y están tratando de llamar la atención sobre la decisión del condado para mantener su contrato con ICE.

Las historias de estas personas que estaban dispuestas a relatarle a Maryland Matters sus historias personales y el tiempo que estuvieron detenidos en Jessup son municiones para los grupos que cuestionan el acuerdo del Condado de Howard con ICE. Pero el jefe de la agencia correccional del condado está cuestionando la veracidad de algunas de sus cuentas.

‘Todavía me han quedado secuelas’

Miguel y Pedro compartieron sus experiencias por primera vez durante una conferencia de prensa virtual organizada por CASA. En las siguientes semanas, Eddy y Kevin hablaron con Maryland Matters. Pedro y Miguel aparecerían en una protesta organizada por la coalición activista en Ellicott City este junio.

Miguel, residente del condado de Baltimore, dijo: “La experiencia que viví en el condado de Howard fue muy dura. Todavía me han quedado secuelas [psicológicas]. No he podido olvidar todo eso que viví.”

La infracción de tráfico de Miguel sucedió en marzo del 2019. Registros de corte indican que se declaró culpable por conducir sin licencia el 18 de septiembre, y se le impuso una pena de 15 días de cárcel.

Según Trent Leon-Lierman, un organizador regional de CASA, ICE sacó a Miguel de una cárcel en el condado de Anne Arundel y lo detuvo en el centro de detención del condado de Howard el día 13 de su sentencia.

Durante el tiempo que Miguel estuvo detenido en Jessup — que según él duró aproximadamente un mes y ocho días — recordó enfermarse y tener problemas para recibir atención médica.

Manifestantes instando al condado de Howard a terminar su contrato con ICE. Foto de Horus Alas

“Fue como que mi estómago se colapsó”, dijo Miguel. “Mis dientes se me colapsaron de los nervios. Nunca antes había estado en una cárcel”. Dijo que pidió y se le negó una pastilla para tratar sus síntomas.

“Pasé allí tirado en cama cuatro días, y no comía nada”, agregó Miguel. “Unos amigos hispanos … le dijeron a un oficial que iban a llamar al 911 porque no me atendían médicamente”.

Cuando pudo ver a un médico, Miguel contó que le dijeron que sus dientes se habían aflojado debido a los nervios, y que el médico le ofreció sacarlos. Rechazó esta oferta y recordó que el médico acordó darle medicamentos, pero no explicó cómo tomarlos.

“Me puse muy flaco”, dijo Miguel. “Poco antes de que pudiera salir, mi estómago se infló … No sé, pero yo a veces lloro [al respecto].”

Tuvo que pagar una fianza de $10,000 para ser liberado.

Miguel dijo que sus amigos le comentan: “tú no has hecho nada grave para que te metan allí”. Resumiendo su experiencia bajo la custodia de ICE, dijo: “Me han humillado.”

Pedro, quien vive en el condado de Prince George, dijo que sus encuentros con las autoridades provienen de una disputa doméstica que ocurrió cuando era adolescente. “Cuando tenía 15 años, mi padrastro quería hacerme daño,” dijo. “Me defendí y terminé en la cárcel por eso.”

Registros judiciales de Arizona — donde Pedro vivía entonces — indican que el incidente sucedió en el 2007. Se declaró culpable de un cargo de asalto agravado no peligroso y no repetitivo en la Corte Superior del Condado de Maricopa en Arizona. Pedro fue sentenciado a cuatro meses de prisión, y después a cuatro años de libertad condicional.

Después de su sentencia en Arizona, Pedro fue deportado a Honduras. Volvió a ingresar a los EE. UU. sin autorización — un delito bajo estatuto federal — y dijo que en 2016 fue arrestado y enviado a una prisión federal por el reingreso.

“Mi madre me trajo [a los Estados Unidos] y me crié aquí desde que tenía seis años”, dijo Pedro. Recordó haber tenido quedarse con tías y tíos en Honduras a quienes nunca había conocido antes, y se sentía incómodo viviendo allí.

Los archivos jurídicos de Maryland demuestran que la parada de Pedro en Greenbelt y la imposición de un cargo de conducir sin licencia acontecieron en junio del 2016. Dijo que fue encarcelado durante 14 meses en una prisión federal por el delito de reingreso, seguido por ocho meses en el Centro de Detención del Condado de Howard.

Pedro dijo que mientras estaba detenido en Jessup, hubieron “muchos incidentes en los que no me dieron el cuidado que debería haber recibido.” Describió tener una herida abierta en su mano del tamaño de una moneda de 25 centavos después de ser atacado por cinco individuos presos.

“Pedí puntadas”, recordó Pedro. “Todo lo que hicieron fue poner una pomada en mi herida y enviarme de vuelta a la celda”. Dijo que quería que lo revisaran por una fractura de cabeza después del incidente, pero que no recibió “la asistencia médica adecuada.”

Pedro dijo que además es asmático y detalló un arduo viaje en invierno a la enfermería del centro de detención para solicitar atención médica. “Para que me hicieran caminar de 7 a 10 minutos hasta la enfermería, pensé que era duro,” dijo. “Me dolían los pulmones y sentía como si estuvieran congelados,” y recordó que no estaba seguro si llegaría a la enfermería.

En otro episodio traumático, Pedro recordó dos ocasiones en las que lo colocaron en “el hoyo” — un área común en la instalación donde varios presos con problemas psicológicos o aquellos citados por mal comportamiento permanecen recluidos durante días — y haber tenido orina, excremento y leche podrida arrojada a su celda.

“Los oficiales no me sacaron de allí”, dijo sobre una ocasión en el hoyo. “Ni siquiera me dejaron trapear. Tuve que quedarme allí y oler eso durante unos cinco días”. Según Pedro, los detenidos tuvieron que golpear puertas y hacer ruido durante varias horas para llamar la atención de un supervisor de la instalación sobre el asunto.

El supervisor le ordenó a un preso que limpiara los desechos sólidos, dijo, pero no hizo nada sobre el olor hasta que trajeron a un especialista para que limpiara unos cinco días después.

‘Creí que me iban a dar apoyo la policía’

Eddy, quien vive en el condado de Prince George, dijo que ingresó bajo custodia de ICE en el Centro de Detención del Condado de Howard el 2 de septiembre de 2017.

“La llanta del carro se me explotó”, dijo. “Creí que me iban a dar apoyo la policía. Me preguntaron por identificación y la licencia de conducir. Me preguntaron por papeles. Yo les dije que no — solo tenía mi licencia.”

Eddy recordó llamar a una grúa para mover su automóvil de la escena del accidente. Dijo que mientras esperaba que llegara el camión, oficiales de policía del condado de Howard contactaron a unos agentes de ICE para que lo recogieran. Unos 30 minutos después, Eddy dijo que llegaron y lo llevaron al centro de detención en Jessup.

El condado de Howard no es una jurisdicción (287)g, indicando que no se espera que la policía local coopere con oficiales de inmigración. Maryland Matters envió una consulta sobre el caso de Eddy por correo electrónico al Departamento de Policía del Condado de Howard, cual solicitó su nombre para procesar la petición de información. Eddy se sintió incómodo para dar su consentimiento al respecto.

Pasó cerca de una semana detenido en el condado de Howard, y describió: “mucho racismo dirigido a la comunidad hispana.” Eddy mencionó un encuentro con un guardia quien le dijo: “Ustedes nos vienen a robar acá.” Miguel y Pedro también opinaron que los detenidos de ICE no fueron tratados tan bien como otros presos.

“A veces, en esas instalaciones, faltaba jabón y papel higiénico”, dijo Eddy. “Era mi primera vez en una cárcel.”

Después de su semana de detención en Jessup, Eddy contó que lo llevaron a otras instalaciones en Baltimore, Pensilvania, Luisiana, y finalmente lo deportaron a Guatemala. Recordó que todo el proceso de deportación duró aproximadamente 20 días.

Eddy y su esposa tienen tres hijas que nacieron en los EE.UU.

Archivos de corte en Maryland solo indicaron una disputa de contrato civil en el registro de Eddy. Los documentos no registraron antecedentes penales ni infracciones de tráfico.

“Me fue difícil, pero con la ayuda de Dios, logre llegar acá después de mi deportación”, dijo Eddy. “Estuve como 9 meses separado de mi familia. Me costó, pero aquí estamos otra vez.”

Según Eddy, si el contrato con ICE del condado de Howard se cancelara, la comunidad inmigrante se sentiría más segura. “No habría tanta desconfianza hacia [las autoridades]”, dijo. “La mayoría de las personas no se acercan a las autoridades [para denunciar un delito.] Lo primero que le preguntan es si tiene un estatus legal.”

Kevin, otro residente del condado de Prince George, contó a Maryland Matters un relato peculiar sobre cómo llegó bajo custodia de ICE y las pruebas que enfrentó mientras estaba detenido.

“Cuando me detuvo inmigracion, iba directamente al trabajo con mi hermano,” dijo. Sucedió “A las seis y media de la mañana, un junio del año pasado. Un martes.” Kevin dijo que oficiales de policía del condado de Prince George lo detuvieron cerca de las intersecciones de las Rutas 202 y 704 de Maryland, en Landover.

Kevin describió cómo unos cinco o seis segundos después de que los oficiales de PGPD lo detuvieran, dos agentes de ICE se acercaron a su rojo Nissan Rogue del 2019 por detrás, con armas apuntadas. “Un oficial me dijo que tenían reporte de que en mi carro, tienen armas”, dijo. “Le dije: ‘OK, chequealo.’”

Según Kevin, le mostró su licencia de conducir a un agente, mientras que el otro arrastró a su hermano — quien viajaba en el asiento del pasajero — fuera del automóvil. “Tenía una licencia que no estaba autorizada para uso federal,” dijo, refiriéndose a una licencia de REAL ID. El agente “me dijo que saliera del auto y que estaba detenido.”

“Me dijo: ‘Te estoy deteniendo porque eres inmigrante’”, contó Kevin.

“El carro estaba a mi nombre y estaba asegurado; no había motivo para qué nos detuvieron”, agregó. “La policía no tenía récord de nuestro arresto. Es que estábamos con inmigración.”

Kevin describió ser llevado a Baltimore y luego pasar cerca de un mes detenido en el condado de Frederick. Dijo que su hermana se apresuró a encontrarlo a él y a su hermano, llamando a miríada de policías locales y unidades de ambulancia sin éxito.

El hermano de Kevin logró contactarse con ella alrededor de las 3 p.m. ese día para hacerle saber que habían sido detenidos por ICE.

Alrededor del 20 de julio, Kevin recordó que los agentes de ICE lo transfirieron al condado de Howard mientras su hermano permanecía en Frederick. “Cuando llegué allí, había un oficial de ICE [en el edificio],” dijo. “Le pregunté por qué me habían trasladado, y no me pudo contestar. Me dijo que fue al azar el cambio.”

Una vez en detención en Jessup, Kevin también se quejó de que la atención médica tardaba demasiado en ser administrada. “Te llamaban mínimo 15 o 20 días después de quejarse de tener fiebre o gripe”, recordó. “Y no te daban nada.”

Uno de los incidentes más notables que Kevin recordó de su tiempo en detención fue pasar cinco días sin un par de zapatos intactos. Un jueves, “los que me dieron, se rompieron”, dijo. “Le dije a tenientes — a todos los oficiales. Todos me decían que le dijera al de próximo turno.”

“Sábado me tocaba visita”, dijo Kevin. “Tenía los zapatos totalmente rotos. El guardia me paro y me dijo que no podía ir a visita [así].” Recordó que ese oficial entró en la celda de Kevin y preguntó si uno de los otros presos podía prestarle un par de zapatos. “Alguien me prestó, y fui a visita,” dijo Kevin.

Recordó que no fue hasta el martes siguiente — cuando Kevin tuvo una cita con el médico del centro que dijo que había solicitado unos 15 días antes — que logró hablar con la persona adecuada para obtener un nuevo par de zapatos.

“El médico indignado le dijo al guardia que por qué era así”, dijo Kevin. “El guardia dijo que eso era normal … Hasta allí, el miércoles, el médico envió a una enfermera a traerme un par. Habían conflictos acerca de quién estaba a cargo de nosotros.”

También expresó dificultades para obtener papel higiénico mientras estaba en el centro de detención. Kevin dijo que los oficiales “nos daban un rollo para dos personas en la misma celda. Mínimo pasamos dos días sin papel. Los guardias siempre nos habían dicho que ya nos habían dado. Nos decían que todos tenían la misma cara.”

Kevin dijo que pasó cerca de cuatro meses detenido en Jessup, hasta aproximadamente el 5 de noviembre del año pasado, cuando ganó su caso de inmigración. Dijo que una organización sin fines de lucro logró obtenerle un abogado, y gracias al testimonio de su familia y vecinos, pudo obtener un permiso de trabajo que puede renovarse cada año.

Los registros judiciales de Maryland no revelaron cargos penales, de tráfico o civiles en el archivo de Kevin. Esos hallazgos coinciden con su declaración a Maryland Matters de que, “Aparte de inmigracion, lo que es el estado o condado, jamás he tenido ticket, ni nada.”

El acuerdo del 1995

Las declaraciones de estos hombres están en desacuerdo con la forma en que funcionarios del condado describen la ejecución de su contrato con ICE, así como el manejo del centro de detención.

En 1995, el Condado de Howard inició un Acuerdo de Servicio Intergubernamental (IGSA, en inglés) con el antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización, cual permitió a la agencia federal alojar a inmigrantes en el Centro de Detención del Condado de Howard.

El lenguaje original del IGSA indicaba que “permanecerá en vigencia indefinidamente hasta que cualquiera de los partidarios lo rescinda.” Se ha mantenido en vigencia a través de cuatro administraciones del condado, incluyendo la actual encabezada por el demócrata Calvin Ball, generando aproximadamente $18.2 millones al condado durante la década pasada.

Si bien Howard es uno de tres condados de Maryland — junto con Worcester y Frederick — que tiene un contrato de este tipo con ICE, el Centro de Detención del Condado de Howard estipula cuatro criterios estrictos según los cuales aceptan detenidos de ICE.

Los procedimientos de admisión y liberación del Departamento de Correcciones indican que para ser alojados en Jessup, los detenidos de ICE deben ser: condenados por delitos, acusados de delitos merecedores de tiempo en cárcel, miembros de pandillas criminales, o delincuentes previamente deportados que reingresaron al país sin autorización.

La biblioteca del centro de detención del condado de Howard. Foto de Horus Alas

Autoridades del condado han enfatizado que —  contrariamente a lo que dicen es un concepto erróneo popular — el centro de detención de Jessup no acepta mujeres o niños detenidos por ICE. Su tarifa diaria actual para los detenidos es $110 por persona.

Jack Kavanagh, director del Departamento de Correcciones del Condado de Howard, le dijo a Maryland Matters que de los cientos de casos que revisó durante su mandato, solo había encontrado uno en el cual un detenido no cumplía con los estándares del centro respecto a su acuerdo con ICE. En una conversación posterior, dijo que él y su personal habían identificado un segundo tal caso del 2017.

Enmarcó el alojo de los detenidos de ICE como un problema de seguridad pública y dijo que desde que comenzó la pandemia del COVID-19, la instalación no ha estado aceptando detenidos a menos que representen un peligro para la sociedad. Kavanagh dijo que estos incluyen asesinos condenados y aquellos acusados ​​de terrorismo y robo de autos.

A pesar de que los activistas han presentado casos en los que argumentan que los detenidos no cumplen con los criterios del centro o no representan una amenaza para la sociedad, Kavanagh se ha mantenido firme en la solidez del procedimiento de ingreso de la instalación. “Tengo que ir con lo que muestra el registro. Muestra que tienen un delito que puede ser encarcelado, y es por eso que están siendo deportados. Trato de no entrar en discusiones al respecto,” dijo.

Kavanagh también dijo que su proceso de investigación de antecedentes se hizo más estricto en 2019, así que, “aquí no hay nadie con delitos menores. Hemos sido acusados de tener mujeres y niños y delincuentes [de inmigración] aquí. Solo tenemos personas con graves antecedentes penales.”

Preguntado acerca de los casos de Miguel, Pedro, Eddy y Kevin, Kavanagh concedió que el caso de Eddy no era criminal, y no acordaba con los criterios declarados del centro de detención.

Envió cargos adicionales de ICE desde fuera del estado en el archivo de Pedro, y dijo que ICE había recibido información que alegaba la participación de Kevin con la pandilla MS-13. Maryland Matters solicitó acceso a la documentación de ICE para ese cargo, el cual no se ha proporcionado hasta el momento de esta escritura.

No ha habido ampliamiento sobre el archivo de Miguel al momento de escribir este artículo. Sus registros judiciales de Maryland consisten solo en infracciones de tránsito y una posesión de parafernalia que el estado no enjuició.

En una siguiente conversación, Pedro dijo que varios cargos de afuera del estado que ICE tenía en su expediente eran correctos, pero que se declaró culpable ante ellos por consejo de abogados que no priorizaron su bienestar.

Respecto a un cargo de robo, Pedro dijo que “lo acepte porque se me hacia mas larga la sentencia mientras peleaba el juicio. Primero me dieron cuatro meses, luego seis y luego ocho”. Contó que un vecino le llamó a la policía después que intentó cobrar una deuda pendiente en casa de un conocido a quien le había limpiado el andén en el condado de Suffolk, Nueva York.

Pedro dijo que estaba esperando en la entrada trasera de una residencia donde, “el [dueño] de la casa allí me debía … Me dijo que iba ir a la gasolinera. En ese momento me faltaban $200 para completar la renta.”

ICE también enumeró en el archivo de Pedro un cargo de posesión de una arma peligrosa en Yuba City, California. Cuando se le preguntó al respecto, Pedro dijo: “Nunca he tenido posesión de ninguna arma de fuego. Los oficiales encontraron algún arma y me preguntaron que si yo la conocia y era mia, y les dije que no.”

Pedro recordó que su defensor público le sugirió que aceptara el cargo a pesar de negar posesión del arma. “‘Acepta el cargo, y te vamos a poner posesión de una arma legal’”, relató que el abogado le dijo.

“Los defensores públicos me han dicho que no ocasionarían problemas para los casos de inmigración. Yo acepté porque me dijeron eso”, contó Pedro. “Y ahora, resulta que [ICE tiene] esos cargos. Y son malas decisiones que tomé al aceptar culpabilidad de esos cargos.”

Funcionarios de ICE señalaron la supuesta participación de Pedro con la pandilla Sureños. Esta asociación, dijo Pedro, surgió de su tiempo en la cárcel en California después del cargo de armas, durante el cual se sintió obligado a buscar protección en un grupo.

“Uno tiene que buscar su gente para estar protegido”, dijo Pedro. “Entonces en la mesa donde comen los hispanos comía yo … [Este cargo] no vino de la calle.”

Pedro dijo que en casos como el suyo, “va a ver cosas como “asalto agravado”, y va a pensar que es una persona mala. No cuenta la historia completa.” Trabaja como pintor, y agregó que “aquí en la calle, si usted me viera, yo estoy todavía con la ropa del trabajo, y trato de ganarme el pan de cada día.”

Respecto al cargo de pandilla, Kevin dijo que no se enteró de él hasta después de su liberación del centro de detención en Howard. El abogado defensor de su caso de inmigración dijo que el fiscal de ICE que procesaba a Kevin podría haberle preguntado: “¿Alguna vez ha estado en una pandilla?” pero no planteó ningún cargo o evidencia específica.

Kavanagh negó fuertemente gran parte de lo que Miguel, Pedro, Eddy y Kevin relataron como sus experiencias en detención. Sugirió que firmen una renuncia de privacidad para que Maryland Matters revise sus registros médicos mientras estuvieron detenidos, y escribió que “la supuesta demora médica de 15 días es absolutamente increíble.”

Dijo que era “posible que un recluso en segregación” hubiese tenido excremento, orina y leche podrida arrojado a su celda, pero que la limpieza “siempre se realiza poco después del incidente”. Sobre las denuncias de racismo, Kavanagh dijo que “no puedo investigar ni remediar tales quejas sin documentación”, y que no tenía informes sobre el asunto de los agentes de ICE.

Llamó a los comentarios sobre la escasez de jabón y papel higiénico “absolutamente falsos”, y dijo que la instalación tiene registros que detallan la distribución de esos artículos. En respuesta al relato de Kevin de haber pasado cinco días sin un par de zapatos funcionales, Kavanagh preguntó si había presentado una queja e invitó a Maryland Matters a hablar con el oficial de enlace de ICE de la instalación.

Kavanagh le permitió a un reportero recorrer la instalación en junio, durante el cual todas las áreas encuestadas parecían limpias y ordenadas. Mientras se realizaba la visita, los detenidos de ICE jugaban fútbol en un patio al aire libre de unos 7 metros y medio de altura, cerrado por arriba con cercas de alambre. En su bloque de celdas principal, dos detenidos de ICE miraban una pantalla de televisión desde su banco de comedor. Había vajilla, un tablero de damas y una biblia en la mesa detrás de ellos.

Muchos activistas dicen que aún si el centro de detención fuese perfectamente administrado, el contrato de ICE todavía resulta en procedimientos de detención y deportación injustos.

Leon-Lierman acusó a ICE de “[inflar] los registros de inmigrantes con los que trabajamos para parecer amenazas de seguridad pública … En realidad, todo lo que están haciendo es detener a inmigrantes durante meses o años por posibles violaciones de inmigración civil.”

‘Sentimos que… el contrato ha ayudado a mantener las personas seguras’

Pero en el lado de la administración del condado, parece haber poco impulso para cancelar el contrato tal como está.

Durante una entrevista en junio con Maryland Matters, Ball dijo: “Al hablar con muchos abogados de inmigración y nuestra comunidad, sentimos que en verdad el contrato ha ayudado a mantener las personas seguras y ha asegurado que aquellos que cumplen con esos criterios en la cárcel puedan estar más cerca de sus seres queridos.”

Varios miembros de la coalición activista criticaron a Ball por patrocinar CB-9-2017 — legislación que habría prohibido a los empleados del condado ayudar con la ejecución de leyes de inmigración — durante su tiempo en el consejo del condado, pero negarse a cancelar el contrato de ICE al convertirse en ejecutivo del condado.

En respuesta, dijo que la legislación CB-9 “no hizo nada para poner en peligro la colaboración con ICE en términos de apuntar a actividades delictivas en el condado.”

“Es bastante importante para mí que no seamos una jurisdicción 287(g), en términos de protección de otros miembros de la comunidad. Estoy haciendo esa declaración ahora”, dijo Ball, “de que nunca seremos un condado 287(g)”.

El 4 de agosto, el condado de Howard anunció que se uniría a una demanda en Nueva York para combatir al memorando de la administración Trump del 21 de julio que excluiría a los indocumentados del conteo del censo para representación en el Congreso.

Si tiene éxito, la orden permitiría al presidente Donald Trump excluir a personas indocumentadas de los conteos de población que determinan cuántos puestos en la Cámara de Representantes se asignan a cada estado.

En un comunicado, Ball dijo que la orden era “ilegal y claramente viola nuestras leyes y estándares federales”. Agregó que el condado de Howard perdería $18,000 en fondos federales por cada individuo no contado en el censo, con efectos adversos para programas como servicios de emergencia y almuerzos escolares.

Ball dijo que no dejaría “que la administración actual siga haciendo chivo expiatorio de nuestra comunidad inmigrante o intimide a nuestros residentes para que no participen en el censo.”

Horus Alas es un reportero independiente y diseñador digital que se graduó del programa de maestría en periodismo de la Universidad de Maryland en diciembre de 2019. Ha editado contenido web para el Centro de Investigación Glenn de la NASA y ha reportado para Baltimore Brew, Capital News Service y The Diamondback. Puede ser contactado en [email protected]

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